La Embajada expresa su más sentido pésame a todas las víctimas y sus familias. También es preocupante, el intento de asesinato de la periodista Carol Cabrera el pasado 1 de marzo. La Embajada desea una pronta recuperación de la Sra. Cabrera, y expresa su más sentido pésame a la familia del joven Joseph Ochoa, quien perdiera la vida durante el intento de asesinato.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes a investigar a fondo estos crímenes y enjuiciar a los responsables. La libertad para expresar sus propios puntos de vista políticos debe ser protegida por todas las ramas del gobierno.
3 de marzo de 2010

BOLETÍN DE PRENSA

EMBARGADO HASTA LAS 9:00 HRS. DEL LUNES 22 DE FEBRERO.

13 periodistas asesinados y 183 agredidos en 2009

México, 22 de febrero, 2010 (CEPET). Como parte de su informe 2009 sobre el estado de  la libertad de expresión en México, el Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados.

El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.

Para el CEPET, estas cifras deben despertar la preocupación de la sociedad en su conjunto y de las autoridades, en particular, pues la mayoría de los casos no han sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado -policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles- las señaladas como responsables de las agresiones.

De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades.

Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%), y Chihuahua, 15 (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.

De ese mismo total, 19 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.

Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.

El número de periodistas muertos en 2009 es el indicador más grave de la situación que atraviesa la libertad de expresión en México. Si en 2008 el CEPET logró acreditar la muerte de cinco trabajadores de los medios, en 2009 se levantó registro de 13 periodistas asesinados en ocho estados del país.

De acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado. Ellos son:

• Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango;
• Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio;
• Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre;
• Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.
• José Luis Romero, reportero de la fuente policíaca del noticiario radiofónicoLínea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, secuestrado por un comando armado el 30 de diciembre y encontrado muerto el pasado 16 de enero (los datos indican que al ser localizado tendría más de 15 días fallecido).

Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien días de ausencia.

A la fecha, sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel, acusados por su asesinato.

La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre expresión.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones que abonen a la confianza.

La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que han clasificado a México entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.

No obstante la delicada situación, apenas el pasado 17 de febrero (luego de haber sido disuelta en agosto de 2009) quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, sigue pendiente la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a pesar de que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, el CEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.

El Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) es financiado por la National Endowment for Democracy (NED).

Contacto:

Gerardo Albarrán:                                                                                   Francisco Vidal:

044/045 55.40.08.06.89                                                               044/045 55.21.88.40.23

Para mayor información favor de comunicarse a la Coordinación del Programa de Libertad de Expresión de CEPET. Teléfono: (044/045) 55.24.55.53.08 / sitio web: libex.cepet.org / correo electrónico: libex@cepet.org.

CEPET autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente toda la información que nuestra organización difunde, citando la fuente.

La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antitéticas de medios o periodistas.

Introducción

El 23 de septiembre, Gerson Ariel Cruz, de 16 años, resultó herido de gravedad como consecuencia de la actuación de la policía al disolver una manifestación en Tegucigalpa. Según un testigo presencial, la policía persiguió a los manifestantes hasta un barrio residencial donde abrió fuego con munición real. Gerson, que no había participado en la manifestación, recibió un disparo en el estómago. Cuando sus familiares lo llevaban al hospital, les hicieron dar marcha atrás en un control policial de carretera, por lo que tardaron mucho en conseguir atención médica de urgencia. Gerson sobrevivió, pero sufrió lesiones graves.

El presidente hondureño JoséManuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Honduras, fue obligado a abandonar el poder mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, y fue expulsado del país por un grupo de políticos que contaban con el respaldo de los militares. El grupo de políticos estaba dirigido por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional y miembro también del Partido Liberal de Honduras. El señor Micheletti formaba parte de un grupo de varios políticos opuestos a las reformas políticas y sociales emprendidas por el presidente Zelaya. A primera hora del 28 de junio, autoridades militares detuvieron de forma arbitraria al presidente Zelaya, a quien obligaron a subir a bordo de un aeroplano con destino a Costa Rica. Los golpistas adujeron que el presidente había infringido la ley porque había organizado un referéndum sobre diversas reformas constitucionales que el Congreso había prohibido.

El golpe de Estado precipitó una crisis política y el deterioro en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.Desde el momento de la detención del presidente, se sacó a los militares a las calles con la idea de mantener el orden público.¹A partir del 28 de junio, las personas que se echaron a las calles para protestar contra el golpe fueron frecuente objeto de uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de seguridad. Fueron generalizadas la intimidación y las agresiones contra quienes se oponían al golpe, prácticas que todavía persisten. El Decreto Ejecutivo Número PCM-M-016-2009, emitido el 16 de septiembre de 2009, restringía temporalmente la libertad de expresión, a consecuencia de lo cual fueron clausurados varios medios informativos.²

La mayor parte de la comunidad internacional condenó el golpe de Estado. El 1 de julio de 2009, la Asamblea General de la ONU emitió una resolución³en la que demandaba la “inmediata e incondicional” restauración del gobierno legítimo y constitucional y del presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya. A consecuencia del golpe de Estado fueron retirados de Honduras varios representantes diplomáticos de países miembros de la Unión Europea, así como los embajadores de casi todos los países de América Latina. El 5 de julio se suspendió el derecho de Honduras a participar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a causa de la falta de voluntad del régimen de buscar una solución negociada a la crisis política.

Mientras duró la crisis hubo un gobierno de factoencabezado por Roberto Micheletti. En septiembre, el presidente Zelaya regresó clandestinamente a Honduras y se alojó en la embajada de Brasil. A pesar del fracaso de las negociaciones políticas para restaurar el gobierno legítimo, que contaron con la mediación de la OEA, las autoridades de factoprocedieron a la celebración de unas elecciones en noviembre. Porfirio (“Pepe”) Lobo, del Partido Nacional de Honduras, obtuvo la mayoría de votos, aunque, según los datos disponibles, el nivel de abstención fue muy elevado. Porfirio Lobo asumió el poder el 27 de enero de 2010.

Recomendaciones al nuevo gobierno

En el curso de dos visitas realizadas a Honduras⁴mientras estuvo en el poder el gobierno de facto, Amnistía Internacional documentó violaciones generalizadas de los derechos humanos contra la población civil, tanto por parte de policías como de militares, entre ellas uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de los opositorres al golpe de Estado. Estos crímenes no deben olvidarse ni quedar impunes.

Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno que asegure verdad, justicia y reparaciónpara las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la crisis política. Si el nuevo gobierno desea restablecer el Estado de derecho y la confianza en su administración, debe volver a confirmar su compromiso con los derechos humanos, asegurándose de que se investigarán los abusos cometidos en el pasado y que a las personas que se determine que son responsables de ellos se las hará rendir cuentas de sus crímenes ante la justicia.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno a:

• Garantizar que se realizan investigaciones inmediatas, independientes y rigurosas sobre todos los informes de violaciones de los derechos humanos –incluidos actos de violencia sexual– cometidas desde el 28 de junio de 2009, y que a los responsables se los pondrá a disposición de la justicia en procesos que cumplan las normas internacionales para la celebración de juicios con las garantías debidas.

• Rechazar toda medida política o jurídica, como amnistías, que pudieran impedir la reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos o que imposibilitaran que los perpetradores rindieran cuentas por sus actos.

• Garantizar que las autoridades policiales y militares cooperarán plenamente en las investigaciones judiciales sobre violaciones de los derechos humanos, entre otras formas, mediante la aportación de información completa y acceso pleno a expedientes y personal.

• Reforzar la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y otras fiscalías pertinentes con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos, así como garantizar el reforzamiento y eficiencia del programa de protección de testigos.

• Proporcionar reparación a las víctimas de abusos, basándose en los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

• Garantizar que las fuerzas armadas regresarán a sus cuarteles, permitiendo que las fuerzas policiales reanuden plenamente su actividad como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

• Mejorar los métodos de actuación policial, asegurándose de que los agentes de policía tienen la formación apropiada y que se refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas de conformidad con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de la ONU.

• Garantizar programas de formación para magistrados y funcionarios judiciales en aplicación de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, de la ONU (1985), así como la aplicación de las obligaciones legales contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos en los que Honduras es Estado parte y que se ha comprometido a cumplir. Asimismo, el nuevo gobierno debe garantizar que los nombramientos de jueces se realizan conforme a lo que disponen los Principios de la ONU citados.

• Establecer un exhaustivo plan nacional de derechos humanos que abarque los derechos económicos, sociales y culturales, además de los civiles y políticos. El plan debe también abordar cuestiones relativas a la discriminación y la protección de los derechos de grupos vulnerables, como mujeres, menores de edad, pueblos indígenas y personas LGBT, y debe ser desarrollado con la participación de todos los sectores de la sociedad civil.

• Reconocer y respaldar la función clave que desempeña el colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos conforme a lo que dispone la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU).

• Restablecer plenamente la libertad de expresión, garantizando, con carácter de urgencia, que todos los disidentes, miembros de partidos de la oposición y periodistas tienen libertad para expresar sus críticas y opiniones. Garantizar, en particular, que se pone fin a la intimidación de quienes se opusieron al golpe de Estado y el sobreseimiento de los procedimientos disciplinarios infundados incoados contra jueces a los que se consideró críticos con el golpe.

• Realizar una evaluación de la eficiencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, con vistas a fortalecer su independencia y su capacidad para contribuir al respeto a los derechos humanos. La evaluación debe emprenderse en colaboración con una tercera parte independiente, como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con plena participación de la sociedad civil.

• Remitir una invitación permanente a todos los relatores y relatoras temáticos especiales de la ONU y del sistema interamericano. De especial pertinencia a la situación en el país desde el 28 de junio de 2009 son el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; el Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias; y la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado

Son motivo de profunda preocupación para Amnistía Internacional las frecuentes violaciones de derechos humanos que durante el periodo del gobierno de factoen Honduras cometieron miembros de las fuerzas policiales y militares. Entre esas violaciones figuran el uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos. Fueron también habituales las denuncias de actos de intimidación y hostigamiento contra personas críticas con la situación, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la judicatura y presuntos miembros del movimiento de oposición.

Amnistía Internacional ha recopilado también datos que indican que se produjeron casos de acoso sexual, abusos físicos y violación de mujeres y niñas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y detenciones.

Una de las características que comparten todas las violaciones es que se cometieron con impunidad. Han sido escasas las investigaciones que las autoridades civiles, hasta la fecha, han emprendido sobre ellas. Las víctimas y sus familias no han podido tener acceso a la justicia por los abusos que han padecido: a consecuencia de ello, las reparaciones por los daños sufridos han sido, a día de hoy, inexistentes.

Los siguientes casos ilustrativos documentados por Amnistía Internacional durante sus visitas de investigación a Honduras en julio-agosto y en noviembre-diciembre de 2009, ponen de manifiesto la gravedad de los abusos cometidos por la policía y los militares y la necesidad de adoptar medidas urgentes para ponerles remedio.

Uso excesivo de la fuerza, incluidos homicidios ilegítimos

Amnistía Internacional reconoce que no todas las manifestaciones que se celebraron tras el golpe de Estado fueron pacíficas y que las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía en general, además de a si mismos, de los actos violentos de terceros. La organización reconoce igualmente que realizar funciones policiales para el control de grandes multitudes, así como hacer frente a manifestantes violentos, puede en ocasiones ser una labor peligrosa y difícil. No obstante, los indicios recopilados por Amnistía Internacional, que se esbozan en este informe, demuestran que tanto policías como militares hicieron un frecuente uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y personas ajenas a los hechos, para castigarlos como presuntos crícitos del golpe de Estado y, además, sin contención y sin consideración por la vida.

Amnistía Internacional recogió testimonios de personas adultas y menores de edad que fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.⁵En algunos casos, el nivel de fuerza que desplegaron las fuerzas de seguridad tuvo como resultado que se produjeran graves lesiones e incluso muertes. Amnistía Internacional ha concluido que, tanto en las labores de dispersión de multitudes como en otras actuaciones de cumplimiento de la ley, se infringieron de forma sistemática normas fundamentales de derechos humanos relacionadas con el uso proporcionado y justificado de la fuerza.

Muchas de las personas a las que entrevistó Amnistía Internacional contaron que habían sido golpeadas en las manifestaciones. La mayoría declararon también haber experimentado graves efectos adversos a causa de la peligrosa y abusiva utilización de gas lacrimógeno y de otras sustancias irritantes para el control de multitudes que emplearon las fuerzas de seguridad.

Según la información disponible, fue habitual que las fuerzas de seguridad no dieran advertencia previa, o que permitieran un tiempo insuficiente para que las personas se dispersaran, antes de disparar gas lacrimógeno contra multitudes de miles de personas. Testigos presenciales han indicado que era frecuente que las fuerzas de seguridad disparasen gas lacrimógeno desde muy corta distancia, de forma que los botes caían directamente sobre las multitudes de manifestantes.

Según la fuente varía el número de muertes atribuibles a las fuerzas armadas a causa del uso excesivo de la fuerza, incluida la utilización de munición real. En cualquier caso, la mayoría de los informes recabados coinciden en que se dio muerte al menos a 10 personas durante las manifestaciones o poco después, o durante los toques de queda, o en los puestos de control policial o militar o en sus inmediaciones. Entre las causas de las muertes o lesiones graves atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad figuran disparos en la cabeza, rostro y abdomen, utilizando munición real o balas de goma.

Isis Obed Murillo, de 19 años de edad, murió por herida de bala en la cabeza el 5 de julio después de haber disparado miembros del ejército munición real durante una manifestación en el aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa. Según los informes, los militares se demoraron en cooperar en las pruebas balísticas durante la investigación judicial y, al momento de redactarse este informe, no se tenía noticia de que se hubieran producido avances en la investigación de la muerte de Isis.

Roger Abraham Vallejo, maestro de 38 años de edad, murió el 1 de agosto de 2009 en un hospital a consecuencia de las lesiones causadas por el impacto en la cabeza de una bala de goma disparada por policías, según los informes, cuando dispersaban en el mes de julio una manifestación en Tegucigalpa. Hay abierta una investigación sobre este homicidio, pero no se ha informado de avance alguno.

Gerson Ariel Cruz, de 16 años, resultó herido de gravedad el 23 de septiembre como consecuencia de la actuación de la policía al disolver una manifestación en Tegucigalpa. Según un testigo presencial, la policía persiguió a los manifestantes hasta un barrio residencial donde abrió fuego con munición real. Gerson, que no había participado en la manifestación, recibió un disparo en el estómago. Cuando sus familiares lo llevaban al hospital, les hicieron dar marcha atrás en un control policial de carretera, por lo que tardaron mucho en conseguir atención médica de urgencia. Gerson sobrevivió, pero sufrió lesiones graves de las que no se ha recuperado aún del todo. Se denunció el caso a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y hay en marcha una investigación.

El 27 de noviembre, Ángel Salgado, de 32 años, se dirigía en automóvil de regreso a su domicilio en Tegucigalpa con tres amigos. Según los testigos, dispararon sin advertencia previa contra el vehículo cuando atravesaba un control militar de carretera. Ángel recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió el control del automóvil, que se estrelló hiriendo gravemente a un viandante. De acuerdo con la información proporcionada por testigos presenciales, inmediatamente después de producirse el accidente, personal militar procedió a limpiar de pruebas el lugar de los hechos. Tras pasar cinco días en coma, Ángel Salgado falleció en el hospital el 2 de diciembre de 2009. Hay abierta una investigación sobre el homicidio, pero hasta la fecha no se sabe que se haya producido ningún avance.

Ha sido cuantiosa la información que ha recibido Amnistía Internacional de que los miembros de las fuerzas de seguridad disparaban los botes de gas lacrimógeno directamente contra la multitud. Las instrucciones escritas en algunos de los botes de gas lacrimógeno disparados por la policía y recogidos por organizaciones locales de derechos humanos –y que le fueron mostrados a Amnistía Internacional– afirman claramente que nunca deben dispararse directamente contra las personas porque ello puede provocar lesiones graves o muerte.

Las fuerzas de seguridad golpearon el 22 de septiembre a Marta (nombre ficticio) cuando participaba en una manifestación en las proximidades de la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Marta contó a Amnistía Internacional que la policía y los soldados golpeaban a los manifestantes con porras, y que algunos usaban equipo que no era el habitual: “Me pegó un militar con una tabla con clavos –anchos– en la espalda”. Los agentes de policía lanzaron botes de gas lacrimógeno contra la multitud, y uno de botes golpeó a Marta en una pierna, produciéndole una quemadura. Marta huyó de la manifestación y se refugió en un iglesia. Transcurridos 25 minutos, agentes de policía llegaron al lugar y la golpearon con tal dureza que le fracturaron un brazo.

Integrantes de la delegación de Amnistía Internacionalhablaron también con Eva (nombre ficticio), de 26 años de edad, a quien, durante la dispersión de la misma manifestación, la policía persiguió y golpeó con porras. En su huída, escaló uno de los muros del jardín de la embajada de Brasil y cayó al jardín interior. Entonces empezaron a disparar botes de gas lacrimógeno al jardín de la embajada desde un helicóptero que sobrevolaba el lugar. Uno de los botes impactó directamente contra Eva, enredándosele en el cabello, que empezó a arder.

También se informó de frencuente uso indebido de porras para golpear a personas. Según los informes, la policía golpeó múltiples veces con porras a una mujer de 34 años de edad y a su madre, de 59, en la parte posterior de los muslos y en las nalgas durante una manifestación celebrada en julio en el barrio de El Durazno, en Tegucigalpa. Eva, cuyo caso se ha citado en el párrafo anterior, contó también a Amnistía Internacional que un militar intentó detenerla en la manifestación del 22 de septiembre y que la golpeó con una porra en la parte posterior de los muslos gritándole: “Perra, hija de puta, párate que te voy a enseñar a ser mujer”. Eva asegura que el soldado la amenazó con su porra haciendo gestos de claro significado sexual.

Otros testimonios recopilados por Amnistía Internacional confirman que las fuerzas de seguridad también hicieron un uso indebido de diversas sustancias químicas irritantes para el control de disturbios. El 14 de agosto de 2009, profesionales del derecho pertenecientes al Frente de Abogados en Resistencia llegaron a la comisaría de Choloma, Departamento de Cortés, para verificar la situación legal en que se encontraban varios manifestantes detenidos. El abogado Nicolás Ramiro Aguilar Fajardo contó a Amnistía Internacional que al llegar al lugar con sus colegas había aproximadamente 400 personas delante de la comisaría. La policía sacó una tanqueta de agua y empezó a disparar chorros de agua a los congregados. Nicolás y los otros abogados huyeron corriendo del agua a presión y vieron cómo un agente de policía agarraba por el cabello a una de sus colegas arrojándola al suelo, donde fue golpeada con porras en las nalgas. Cuando Nicolás trató de intervenir para detener los golpes de la policía contra su colega, un agente le dio unos toques en el hombro para que se girara, y cuando lo hizo recibió directamente en la cara una rociada de una sustancia química desconocida que le ocasionó ceguera temporal.

Nicolás Aguilar recibió directamene en la cara una rociada de una sustancia química desconocida.

© Amnistía Internacional

Nicolás dijo a Amnistía Internacional que la lesión ocular que le ocasionaron entonces aún le sigue afectando y que sufre dolores constantes. Uno de los especialistas que han atendido a Nicolás le dijo que no podía proporcionarle un tratamiento adecuado porque desconocía el tipo de sustancia química que se había usado contra él.

En diciembre de 2009, Amnistía Internacional visitó dos hospitales en Tegucigalpa para entrevistarse con diversos profesionales de la medicina, que confirmaron que las autoridades no habían dado a conocer información sobre el tipo de sustancias químicas utilizadas por las fuerzas policiales y militares contra los manifestantes.

Detención arbitraria

A partir del 28 de junio, las fuerzas de seguridad fueron responsables de centenares de casos de detención arbitraria, fundamentalmente de manifestantes y presuntos miembros del movimiento de oposición, pero también de personas ajenas a las protestas. Muchas de las personas detenidas arbitrariamente sufrieron otras violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos. No se tiene noticia de resultados derivados de posibles investigaciones sobre estos casos.

La policía detuvo arbitrariamente el 26 de octubre en Tegucigalpa a Francisca (nombre ficticio), de 16 años de edad, cuando se interesó por el lugar al que se estaban llevando a su padre. Estuvo privada de libertad durante varias horas en una celda con otras nueve mujeres, acusada al parecer de “revoltosa”. Un agente tomó papel higiénico, lo empapó de una sustancia química y le prendió fuego, liberando humo tóxico en la celda. La muchacha y las mujeres detenidas con ella informaron de dificultades para respirar y fuerte ardor en ojos y garganta que, en algunos casos, se prolongó durante varios días.

Alex Matamoros, defensor de los derechos humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), fue detenido arbitrariamente en Tegucigalpa el 12 de agosto cuando intervino para evitar que, tras una manifestación, unos agentes de policía golpearan a tres muchachos, a los que habían esposado previamente. Alex Matamoros estuvo detenido en la Jefatura de Manchen durante casi 12 horas y quedó luego en libertad sin cargos.

El 29 de noviembre, día de las elecciones generales, una organización local de derechos humanos encontró 14 menores de edad detenidos en la Jefatura Metropolitana de policía Nº 3 de Tegucigalpa. Los menores habían sido detenidos en las inmediaciones de un colegio electoral. La policía justificó su detención en aplicación de lo dispuesto en el Decreto PCM-M-016-2009, que prohibía las reuniones de más de tres personas. El Decreto, emitido en septiembre de 2009, había sido oficialmente revocado el 19 de octubre. Finalmente, los 14 menores quedaron en libertad sin cargos.

En el curso de una manifestación que tuvo lugar el 14 de agosto en Choloma, Departamento de Cortés, Alejandra (nombre ficticio) quedó separada de su familia. Agentes de policía la detuvieron y, tras dejar a otros detenidos en comisaría, se llevaron a Alejandra a un lugar apartado donde cuatro de ellos la violaron de forma consecutiva. La oficina local de la Fiscalía Especial de Derechos Humanosen San Pedro Sula está investigando el caso.

Matías (nombre ficticio) caminaba el 22 de septiembre por las inmediaciones del estadio de deportes de Tegucigalpa tras abandonar una manifestación. Según ha declarado, varios agentes de policía corrieron tras él y lo arrojaron al suelo. Los agentes le gritaron: “¡Vos sos un revolucionario, vos sos como el Che Guevara!” Lo golpearon con porras, le pusieron una bolsa en la cabeza y luego le pusieron el cañón de una pistola contra la cabeza. Entonces escuchó decir a alguien: “¡Déjenlo! Ahora vienen los periodistas”. Los policías lo introdujeron en un furgón policial y lo llevaron al estadio, donde lo tuvieron detenido brevemente, sin cargos. Finalmente, la Cruz Roja se lo llevó en ambulancia a un hospital.

Intimidación de miembros de la magistratura, de periodistas, del coletivo de defensores de los derechos humanos y de miembros del movimiento de oposición

Mientras estuvo en el poder el gobierno de factofueron habituales los actos de intimidación y hostigamiento contra personas críticas con la situación, como defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la judicatura, periodistas y miembros del movimiento de oposición.

El 22 de septiembre, unos 15 agentes de policía dispararon botes de gas lacrimógeno contra las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), lugar cerrado en el que se habían refugiado decenas de manifestantes partidarios de Zelaya. En esos momentos había en las oficinas del COFADEH en torno a un centenar de personas, entre las que había menores de edad. Los manifestantes se habían refugiado en las dependencias de la organización de derechos humanos para evitar ser objeto de más abusos a manos de policías y militares y para documentar los abusos que habían sufrido durante una manifestación.

Botes de gas lacrimógeno recogidos en las oficinas del COFADEH tras el ataque. © Amnistía Internacional

El 28 de septiembre, cuatro hombres que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas obligaron a subir a un furgón a Delmer Membreño, fotógrafo del periódico El Libertador, cuando se dirigía a informar sobre la obligada clausura de Radio Globo y de Canal 36 por las fuerzas de seguridad, que habían invocado para ello el Decreto PCM-M-016-2009. Los hombres le cubrieron la cabeza y abandonaron el lugar. Transcurridos unos 90 minutos se detuvieron, lo sacaron del vehículo y le pusieron una pistola en la cabeza. Uno de los hombres le dijo que lo iban a dejar vivir, pero con el solo propósito de que llevara al director de El Libertador una amenaza de muerte. Entonces los hombres golpearon a Delmer Membreño y le quemaron la cara y el torso con cigarrillos. Luego lo dejaron marchar. Al terminar el año había aún en curso una investigación sobre lo sucedido pero, al momento de redactarse este documento, no había noticia de que se hubieran producido avances.

El 23 de septiembre, un corresponsal y otros tres empleados de Radio Progreso, que tiene su sede en el noroeste de Honduras, recibieron un amenazante mensaje de texto en sus teléfonos móviles. El mensaje decía: “Los hijos de gorilete [Micheletti] en Progreso ofren [sic] medio millon [de lempiras, unos 26.500 dólares EE. UU.] por la cabeza del Padre Melo”. El sacerdote Ismael Melo es el director de la emisora de radio. Hasta la fecha no se ha informado de avance alguno en relación con la investigación de esta amenaza.

Mensaje de amenaza enviado al director de Radio Progreso en septiembre de 2009. © Amnistía Internacional

A algunos jueces a los que se consideró críticos con las autoridades de facto se les aplicaron traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios. Entre quienes sufrieron este tipo de medidas había miembros de la organización Jueces por la Democracia, que trabaja en la promoción de la independencia judicial y de los principios de imparcialidad e independencia en los procedimientos judiciales.

El 12 de agosto, Luis Chevez de la Rocha, miembro de Jueces por la Democracia, fue detenido arbitrariamente en San Pedro Sula. El juez de la Rocha observaba una protesta contra el golpe de Estado cuando vio cómo unos agentes de policía golpeaban a unos manifestantes. Pidió insistentemente a los agentes que se refrenasen, y uno de ellos, según los informes disponibles, le dijo a los demás: “Móntelo a ese también, por irrespeto a la autoridad”. Lo metieron a empujones en la parte posterior de un furgón policial y se lo llevaron a comisaría. Allí lo tuvieron más de tres horas y luego lo dejaron en libertad sin cargos. En septiembre se comunicó al juez de la Rocha que se había incoado en su contra un procedimiento disciplinario por “su presencia en actos de alteración de orden público”, pese a que no había participado en la manifestación, a que había sido detenido arbitrariamente y a que había quedado en libertad sin cargos. El procedimiento seguía su curso al momento de redactarse este informe.

El juez Adán Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia en Honduras, se enfrenta a un procedimiento disciplinario por su participación en una manifestación contra el golpe de Estado celebrada el 5 de julio de 2009 en Tegucigalpa. Amnistía Internacional no tiene noticia de que se hayan abierto procedimientos similares contra funcionarios de la magistratura que asistieron a manifestaciones a favor del régimen de facto.

Al momento de redactarse este informe, un total de siete miembros de Jueces por la Democracia se enfrentaban a lo que parece procedimientos disciplinarios infundados en relación con su actividad legítima desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

El 13 de diciembre fue asesinado en Tegucigalpa Walter Tróchez, activista de derechos humanos que trabajaba en la promoción y protección de los derechos humanos de miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Nueve días antes había conseguido escapar de un secuestro a manos de varios hombres enmascarados que le exigían los nombres y direcciones de miembros del movimiento de oposición. Los hombres le dijeron: ”Cállate maricón, nosotros sabemos en qué trabajas vos, sabemos que trabajas con los derechos humanos y sabemos que te llamas Walter”. Sus captores le aseguraron que tenían órden de matarlo.

El 14 de diciembre de 2009, unos agresores no identificados mataron a tiros a Walter Tróchez, activista LGBT que había documentado violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras.

© defensoresenlinea.com

Desde el 28 de junio, Walter había participado en la documentación de abusos de policías y militares contra manifestantes tomando fotografías y recopilando testimonios de personas afectadas. Solía visitar comisarías de policía para interesarse por el bienestar de los detenidos durante las manifestaciones, y colaboraba con reconocidas organizaciones de derechos humanos, a las que proporcionaba información pertinente.

La rendición de cuentas y el derecho a la reparación

Amnistía Internacional es consciente de que el problema de la impunidad por violaciones de los derechos humanos no es nuevo en Honduras.⁶Sin embargo, el 28 de junio de 2009 fue el punto de partida de un agudo incremento de las violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad que debe abordarse con carácter de prioridad máxima. Las numerosas víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho a saber la verdad de lo que ocurrió.⁷Los agentes de policía que han cometido violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, al igual que quienes ordenaron la comisión de los abusos o los consintieron. No puede quedar impune el uso excesivo de la fuerza, incluyendo métodos letales, que se utilizó para reprimir a quienes se oponían al golpe de Estado. Si se permite que haya impunidad por esos abusos se dejará a las víctimas carentes totalmente de justicia por las lesiones sufridas y se correrá además el peligro de que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos vuelvan a cometerlos a sabiendas de la escasa probabilidad de que tengan que rendir cuentas por los crímenes y hacer frente a sanciones.

El uso de personal militar junto con la policía para controlar manifestaciones y desempeñar funciones de policía civil suscita preocupación. El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que la policía rinde cuentas y responde ante las comunidades a las que sirve, y es representativa de esas comunidades. Para ello, debe existir una separación clara de poderes entre el ejército y la policía. En general, no debe utilizarse al ejército para desempeñar funciones de policía civil. Para contar con un cuerpo de policía que rinda cuentas de sus actos, debe existir una cadena de mando clara y un “registro comprobable” de las decisiones tomadas durante la gestión de una operación policial. Sin esa rendición de cuentas, el peligro de que se cometan violaciones graves de derechos humanos –tales como tortura, malos tratos y desaparición forzada– se intensifica.

La clase política hondureña ha debatido la posibilidad de introducir una ley de amnistía para los autores de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado. Leyes como una posible ley de amnistía que busquen negar o reducir drásticamente la posibilidad de que se haga rendir cuentas a personas concretas por violaciones de los derechos humanos, y que además pudieran frustrar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, conculcan claramente el derecho internacional y son un abierto desacato a las obligaciones que Honduras tiene contraídas en materia de protección y promoción de los derechos humanos de sus ciudadanos. El desarrollo de disposiciones de esa naturaleza en la legislción constituye una grave infracción de las obligaciones jurídicas de Honduras en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de varios tratados más de las Naciones Unidas. De aprobarse una ley semejante en Honduras, se crearía una barrera efectiva contra la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares,⁸dado que las amnistías son incompatibles con la obligación de investigar, administrar justicia y sancionar a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos. Asimismo, las amnistías son incompatibles con la obligación que todos los Estados tienen de garantizar el derecho de todas las personas a un recurso efectivo y a ser oídas por un tribunal de justicia independiente e imparcial para establecer sus derechos.

”En virtud del derecho internacional los gobiernos están obligados a investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación del derecho a la vida para identificar, someter a la justicia y castigar a los autores, otorgar reparación a las víctimas o sus familias y adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro. Los dos primeros componentes de esta cuádruple obligación son en sí mismos los elementos disuasorios más eficaces para impedir las violaciones de los derechos humanos [...] [E]l reconocimiento del derecho de las víctimas o de sus familias a recibir una reparación adecuada equivale a reconocer la responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos y es expresión de respeto hacia el ser humano. Conceder una reparación presupone el cumplimiento de la obligación de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos para identificar y procesar a los autores. Sin embargo, el pago de una compensación monetaria o de otro tipo a las víctimas o sus familias antes de abrir o finalizar esas investigaciones no exime a los gobiernos de la obligación de llevarlas a término.” ⁹

Aparte del derecho a saber y del derecho a la justicia, las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares tienen derecho a remedio efectivo¹⁰y a reparación. Los Principios y Directrices sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario a Obtener Reparación¹¹estipulan que la reparación incluye la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. La privación del derecho a la vida y a la integridad física son pérdidas irreparables. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que la reparación moral y material son una tarea absolutamente necesaria para la reconciliación nacional hacia la democracia.

El respeto por los derechos humanos no puede verse realizado sin rendición de cuentas y las necesarias instituciones de derechos humanos dedicadas al fomento de una cultura de respeto hacia esos derechos. En este respecto quedaron bien patentes tras el golpe de Estado las múltiples carencias de instituciones esenciales de derechos humanos. Especial motivo de preocupación lo constituye la necesidad de fortalecer la capacidad de las oficinas de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la eficiencia del programa de protección de testigos. La eficacia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH)en Tegucigalpa ha sido puesta en cuestión por muchos expertos en derechos humanos, y la ausencia de acitividad por parte de esta oficina desde el 28 de junio en la protección y defensa de los derechos humanos es asunto que merece ulterior escrutinio y evaluación.

Derecho internacional de los derechos humanos

Los abusos cometidos por agentes de policía y militares a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron infracciones de múltiples tratados y pactos de derechos humanos en los que Honduras es Estado parte. Según los numerosos y concluyentes testimonios a los que se alude en este informe, es claro que se han violado de forma reiterada derechos tales como el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura ni trato cruel, inhumano y degradante, consagrados en los artículos 6 y 7, respectivamente, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (PIDCP) y en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como Estado parte en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,Honduras tiene también la obligación de proteger a sus ciudadanos de abusos tales como los malos tratos.

Entre otras infracciones de normas internacionales de derechos humanos que ha identificado Amnistía Internacional figuran, además, violaciones del artículo 9.1 del PIDCP, que establece lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. El artículo 9.2 del Pacto establece, asimismo: “Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella”. El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que Honduras es Estado parte, dispone: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente”.

El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el que Honduras es Estado parte, define los actos que constituyen discriminación contra las mujeres. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Varias mujeres entrevistadas por la delegación de Amnistía Internacional denunciaron violentos abusos y acoso sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece en su artículo 2: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. Además, el artículo 3 dispone: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. El Código subraya que la fuerza deberá emplearse exclusivamente en las circunstancias más extremas y, cuando se haga, debe ser proporcionada a la situación, por ejemplo la que sea estrictamente necesaria para la prevención de un delito o para efectuar la detención del individuo. Aparte de estas extremadamente limitadas circunstancias no se hará uso de la fuerza. Sólo se recurrirá al uso de las armas de fuego en las más extremas de las circunstancias.

El Código agrega en su artículo 5: “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. La formación policial debe hacer especial hincapié en los derechos humanos y en las alternativas al uso de las armas de fuego.

El principio 3 de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone: “Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas”. Y agrega en el principio 9 que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida.¹²

La Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU, de 17 de diciembre de 1979, afirma que todo órgano de aplicación de la ley “debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella”.¹³El principio 7 de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Leydispone: “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Es importante recordar que los mismos principios no prevén circunstancias en las que estaría justificado el no cumplimiento de los Principios Básicos. Tal y como afirma el Principio 8: “No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.¹⁴

Notas finales

Informe de la misión internacional de libertad de prensa y libertad de expresión a Honduras - del 1 al 7 de noviembre de 2009

1.      RESUMEN EJECUTIVO

Desde que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 2009, después de que opositores encabezados por Roberto Micheletti lo acusaron de tratar de cambiar la constitución para permitir la reelección presidencial, Honduras se ha hundido en la peor crisis política que Centroamérica ha visto en años.

Del 1 al 7 de noviembre de 2009, una misión para la libertad de prensa y expresión - compuesta por siete organizaciones internacionales - visitó Honduras para analizar la situación de los periodistas y los medios de comunicación en este país.

La Misión Internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en Honduras son:

• La connivencia entrelazada entre los Medios de Comunicación, parte de la dirigencia política, el poder público de turno y algunos periodistas, para adaptar la realidad a los intereses económicos y políticos que defienden.
• Un estado elevado de inseguridad y de autocensura promovido por una “guerra mediática” entre los medios de comunicación.

La libertad de prensa en Honduras se ejerce en un entorno adverso y en condiciones de inseguridad. Esta situación no es nueva, sin embargo la crisis política desencadenada el 28 de junio ha venido a reavivar las amenazas y riesgo que enfrentan quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Las múltiples presiones provenientes de las dos partes del conflicto político para influenciar las líneas editoriales, incluyendo agresiones físicas a trabajadores y trabajadoras, son la característica distintiva del escenario prevaleciente para la prensa en Honduras.

La crisis que irrumpió en junio del año pasado tiene sus orígenes en las divisiones políticas y sociales más profundas que existen en Honduras desde hace tiempo. Durante la crisis que explotó a finales de junio, periodistas y editores de todo el espectro político se enfrentaban a desafíos interrelacionados sobre cuestiones de seguridad y censura.

La Misión pudo recoger testimonios que dan cuenta de un cúmulo de situaciones y actos que producen un contexto de incertidumbre, el cual se traduce en violaciones directas e indirectas de los derechos humanos de quienes ejercen la libertad de prensa y el derecho a comunicar. Entre el 28 de junio y el 15 de noviembre del año pasado, se registraron al menos 127 casos de violaciones a la libre expresión.

La censura de ciertos medios de comunicación a partir de finales de junio ha continuado después de las elecciones del 29 de noviembre. Los medios de comunicación han tenido un fuerte efecto sobre la opinión pública internacional, que no está notificada de una situación que podría agravarse según el rumbo que tome la actual crisis política institucional.

Otros de los elementos que inquietaron a la Misión, porque alientan la autocensura y limitan a una prensa libre y plural, son la manipulación, por parte de las autoridades, del presupuesto destinado a la publicidad oficial como una vieja práctica de cooptación que por décadas se ha establecido en Honduras como parte de las relaciones prensa-poder, con lo que se pretende orientar la información; así como la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y a sectores con enorme poder político, empresarial y religioso. Algo que también sucede en otros países de Latinoamérica.

Ambas problemáticas atentan contra el pluralismo informativo y el derecho colectivo a la información. La Misión sostiene que es la obligación del Estado hondureño promover una regulación en la materia. Para la Misión es imperativo trabajar en la solidaridad entre periodistas y los medios y promover una base mediática fuerte que pueda luchar contra la inseguridad y la autocensura. El informe contiene una serie de recomendaciones para los poderes estatales y legislativos así como para los medios y la sociedad civil.

Para Leer el Informe Completo: honduras-mision-internacional-informe-del-2010-final-260110

Comunicado de prensa

27 de enero de 2010

Honduras

La investidura de Porfirio Lobo no puede hacer olvidar el golpe de Estado y sus consecuencias sobre la libertad de prensa

Con motivo de la investidura de Porfirio Lobo Sosa como presidente de la República de Honduras, este 27 de enero de 2010, siete organizaciones -entre ellas Reporteros sin Fronteras- publican un informe (versión integral disponible en nuestro sitio web www.rsf.org) sobre el estado de la libertad de prensa desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Este documento es resultado de una misión realizada en ese país del 1 al 7 de noviembre de 2009. Las organizaciones participantes son: Artículo 19, Asociación Mundial de Diarios/Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (WAN/ADEPA), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Federación Internacional de Periodistas (FIP), International Media Support (IMS), FreeVoice y Reporteros sin Fronteras.

Tomando en cuenta las recomendaciones hechas en este documento, nuestra organización también quiere recordar su postura (http://www.rsf.org/es-pays182-Honduras.html).

El golpe de Estado del 28 de junio dio lugar a una importante represión de los medios de comunicación que siguieron siendo leales al presidente derrocado Manuel Zelaya o que simplemente se opusieron al golpe de Estado.

La ocupación militar de la emisora Radio Progreso; los cierres, ataques e interferencias contra Canal 36 y las estaciones Radio Globo y Radio Uno; los cierres y sabotajes de medios de comunicación en línea (El Libertador, Revistazo, El Patriota) y de radios comunitarias (Radio Marcala, Radio Coco Dulce); el chantaje financiero y las presiones ejercidas sobre el periódico Diario Tiempo; la supresión de programas animados por organizaciones de la sociedad civil (Cofadeh, varios movimientos por el derecho de las mujeres), son prueba de esta censura masiva. A ellas se añadieron actos de violencia gravísimos, así como el reciente asesinato del joven defensor de los derechos humanos Walter Tróchez.

No obstante, el golpe de Estado no habría tenido éxito sin el apoyo de los principales medios de comunicación del país, en manos de políticos e importantes empresarios, que no dudaron en exponer sus redacciones a las represalias de una población furiosa. Mediático en sí mismo, el golpe de Estado hondureño planteó un gran dilema a una organización como la nuestra: defender la prensa sabiendo que una parte de ésta se ha atrevido a avalar una violación flagrante de la democracia y sus principios.

El golpe de Estado y sus consecuencias no han concluido con las elecciones del 29 de noviembre de 2009, con las que el gobierno de facto pensó resolver la crisis que provocó. Existe el riesgo de que esta situación se prolongue si el poder ejecutivo no restaura rápidamente el estado de derecho, el pluralismo y las libertades públicas, entre ellas la de informar. Entre las recomendaciones de este informe, la de la reforma de la legislación que regula los medios de comunicación y el reconocimiento las radios comunitarias, son prioritarias. Es en este sentido, cuatro de las organizaciones participantes -IMS, FreeVoice, AMARC y Reporteros sin Fronteras- decidieron apoyar económicamente la reparación de Radio Coco Dulce, destruida recientemente por un incendio criminal

(http://www.rsf.org/Saqueo-de-una-radio-comunitaria-en.html).

Estas organizaciones buscan que la legislación hondureña se adapte a los estándares internacionales en materia de acceso a la información y de delitos contra la prensa; también que se garantice la seguridad de los periodistas. Finalmente, subrayan la importancia de un diálogo entre los medios de comunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil, de manera que el país retome la vía de la democracia.

El derecho a la información ha sido soslayado por la elite de poder en el continente, la que usualmente maneja los medios de comunicación como su  exclusividad  y herramienta de sometimiento.

En la última década  se ha intensificado el trabajo de desinformación que la prensa, radio y televisión, efectúa para sostener los intereses de compañí­as transnacionales, oligarquí­a local  y por supuesto para preservar la hegemoní­a del imperio a lo largo del continente.

Como contrapeso al dominio ideológico existente, las radios comunitarias han logrado romper el cerco informativo y al mismo tiempo impulsan el fortalecimiento cultural y defienden los derechos colectivos de los pueblos y comunidades locales.

La ofensiva que se viene dando en contra de las radios comunitarias en la gran mayorí­a de los países de América Latina, demuestra como el sistema utiliza el monopolio de la información como una tenaza de sometimiento.

En México, el responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indí­genas, Xavier Abreu Sierra (1), señala que algunas radios comunitarias sirven al crimen organizado. En la actualidad existen 83 radios comunitarias que son señaladas como subversivas por la CIRT (Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión).

En ese país la CIRT controla el 90% del dial, el cual ha sido concedido a 13 grupos empresariales (2), los que ven como amenaza ideológica la existencia de radios comunitarias, la gran mayorí­a de ellas ubicadas en zonas rurales, especialmente en los territorios indí­genas.

Existen procesos penales en México, contra integrantes de radios comunitarias: en Monterrey esta incoado un caso en contra de  Héctor Camero de  La Radio Tierra y Libertad (3), al mismo tiempo que en Ocumicho (Michoacan) se prosigue a Rosa Cruz indígena purépecha (4). De ser condenados, la ley contempla hasta penas doce años por el delito de la “apropiación” de las ondas hertzianas.

En Guatemala en el mes de marzo del año 2006, se dio una serie de cierres de radios comunitarias, en los Departamentos de Chimaltenango y Huehuetenango,  zonas de ese país donde casualmente se han emprendido consultas comunitarias para frenar las concesiones mineras.

Chile inició una ofensiva en contra de las radios comunitarias en agosto del año pasado, la cual puede afectar a 40 radios comunitarias (5).  La Brigada de Investigadora del Ciber Crimen, adelantó la denominada  ” Operación Silencio”, promovida por Eugenio González, amigo personal del recién elegido Sebastián Piñera, y propietario de la radio Congreso, quien interpuso las acciones legales en contra de las radios comunitarias.

En Ecuador bajo el gobierno de Rafeal Correa, el pasado 6 de enero se comprometió a la entrega de licencias a las radios comunitarias indígenas, por intermedio de Secretarí­a de los Pueblos (6). Al mismo tiempo cierra la radio comunitaria del pueblo Shuar, La Voz de Arutam, bajo el pretexto de la misma incita a la violencia (7) . Natale Antum, director de la emisora, aclaró que no se incito a la violencia sino a la defensa del territorio del pueblo Shuar.

El papel fundamental de las radios comunitarias es ampliamente reconocido por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, así­ como por diversos instrumentos jurídicos internacionales, que reivindican el derecho a la  información.  En Argentina en el mayo del año 2006, el Comité Federal de la  Radiodifusión, reconoció la titularidad de 65 radios comunitarias, como parte de un proceso de ordenamiento del espectro radioeléctrico (8).

El reciente incendio en Honduras,  de  Faluma Bimetu, la radio comunitaria gari­funa   de Triunfo de la Cruz, demuestra una vez más el rol que cumplen las radios comunitarias en la defensa de los territorios ancestrales de los pueblos indí­genas.

El monopolio de los medios de comunicación, a manos de pequeños Grupos es una fórmula planetaria para mantener el status quo. Los estados -nacían impregnados de una visión neoliberal, se ven amenazados en su esencia, cuando se logra romper el cerco informativo.

Los derechos colectivos de los pueblo indígenas, frecuentemente han sido diluidos y  menoscabados por los intereses tanto de las compañías transnacionales como de los gobiernos locales. Entre el cierre de la radio Shuar Arutam y la quema  de la radio garífuna Faluma Bimeti, existe el denominado común de la defensa de los derechos colectivos, especialmente en referencia al territorio ancestral.

Para los pueblos indígenas y comunidades locales, el acceso al uso de las ondas hertzianas se convierte en una defensa de las culturas locales, en especial de la riqueza lingüística del continente, que cada dí­a se ve mas deteriorada ante el avance de los procesos de homogeneización  instigados por la cultura dominante.

Siglos de colonización son replicados por intermedio de los medios de comunicación masivos, de ahí­ la importancia de luchar por el respeto de las radios comunitarias, las que se encuentran ligadas a los usos y costumbres de nuestros pueblos.

(1) http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_651948.html

(2)http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_651948.html

(3) http://www.amarcmexico.org/radiosagredidas/3007.html

(4) http://www.amarcmexico.org/noticias/3006.html

(5)http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/08/10/inminente-censura-a-40-radios-comunitarias/

(6)http://www.agenciapulsar.org/imprimir.php?id=16538

(7) http://www.agenciapulsar.org/imprimir.php?id=16590

(8) ://www.aporrea.org/medios/n77279.html

La Ceiba, 26 de Enero del 2010

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058

Av. 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado,

La Ceiba, Honduras

email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com

Comunicado de prensa

El nuevo presidente de Honduras debe ordenar que se investiguen los abusos contra los derechos humanos

Amnistía Internacional ha pedido hoy al nuevo presidente de Honduras que ordene una investigación completa sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado de junio, y asimismo que lleve a los responsables ante la justicia y proporcione reparación a las víctimas.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que tomará posesión del cargo el 27 de enero, fue elegido en noviembre de 2009 en medio de una crisis política que en junio había dado lugar al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por parte de un grupo de políticos de signo derechista respaldado por militares.

Las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron a cientos de personas contrarias al golpe de Estado durante las protestas desatadas en los meses siguientes. Más de una decena, según informes, perdieron la vida durante los disturbios.

“El presidente Lobo debe garantizar un nuevo comienzo en materia de derechos humanos en Honduras asegurándose de que los abusos cometidos desde el golpe de Estado no caen en el olvido ni quedan sin castigo” afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

La organización pidió también a las fuerzas de seguridad hondureñas que colaboren con cualquier investigación sobre presuntos abusos.

Desde las elecciones presidenciales, el Congreso de Honduras había debatido sobre la posibilidad de introducir una ley de amnistía que reduciría o eximiría de castigo a los responsables de violaciones de derechos humanos.

“Las propuestas de introducir medidas de amnistía por violaciones de derechos humanos es sencillamente inaceptable -afirmó Kerrie Howard-. No sancionar los abusos cometidos durante el golpe de Estado podría dar paso a más violaciones en Honduras.”

Según decenas de testimonios recopilados en Honduras por investigadores de Amnistía Internacional durante dos visitas al país, los abusos contra los derechos humanos crecieron en espiral tras el golpe de Estado de junio.

La gente que se echó a la calle después del golpe de Estado para manifestar su oposición fue víctima del uso generalizado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que perpetraron homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y cientos de detenciones arbitrarias. Además, la policía y el ejército hicieron uso indebido y generalizado de gases lacrimógenos y otros materiales de control de multitudes.

Se amenazó e intimidó a activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces, se cerraron medios de comunicación y se censuró a periodistas. También hubo informes sobre actos de violencia contra mujeres y niñas por personal de las fuerzas de seguridad.

No se ha obligado a nadie a rendir cuentas por estos abusos, y hasta la fecha apenas se han abierto investigaciones.

El 27 de noviembre de 2009, Ángel Salgado, de 32 años, conducía por la capital, Tegucigalpa, en dirección a su casa con tres amigos cuando, según testigos presenciales, al pasar junto a un puesto de control no señalizado, miembros del ejército abrieron fuego contra su vehículo.

Ángel Salgado fue alcanzado por una bala en la cabeza y perdió el control del vehículo, que terminó estrellándose y causando lesiones a varios transeúntes.

Según testigos presenciales, personal militar empezó a limpiar el lugar inmediatamente después del accidente. Después de permanecer cinco días en estado de coma, Ángel Salgado murió en el hospital el 2 de diciembre.

El 14 de agosto de 2009, un agente de policía roció al abogado Nicolás Ramiro Aguilar Fajardo directamente en el rostro con un producto químico desconocido que le causó ceguera temporal. En el momento de la agresión, Nicolás intentaba impedir que el agente golpeara a un compañero de profesión.

Información complementaria

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue obligado a dejar el poder el 28 de junio de 2009 y expulsado del país por un grupo de políticos derechistas apoyado por militares y liderado por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso nacional.

Un gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti permaneció en el poder hasta el final del año. El presidente Zelaya regresó clandestinamente al país y estableció su residencia en la Embajada de Brasil en septiembre.

A pesar del fracaso de las negociaciones políticas para restaurar el gobierno elegido en las urnas, en las que la Organización de los Estados Americanos actuó de intermediaria, las autoridades de facto siguieron adelante con las elecciones en noviembre. Porfirio Lobo, del Partido Nacional, obtuvo el 88 por ciento de los votos y tomará posesión del cargo el 27 de enero de 2010.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Josefina Salomón, jsalomon@amnesty.org, móvil: +44 7778 472 116.